La Península Ibérica sufrió en 2017 uno de los veranos más dramáticos que se conocen, con la calcinación de más de 600.000 hectáreas de su superficie. Una cantidad que, si bien supone apenas algo más de un uno por ciento de toda el área comprendida entre España y Portugal, en el caso de este último país se puede decir que ardieron cinco de cada cien hectáreas de suelo.
Como muestra de esta situación basta referirse al área regada por la cuenca del Duero, donde ascendió a 204.345 hectáreas la superficie calcinada entre enero y octubre del año pasado: 164.231 entre los distritos de Aveiro, Bragança, Guarda, Porto, Vila Real y Viseu en la zona portuguesa, y 40.114 en toda Castilla y León, según los datos aportados por el Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, respectivamente.
Esas cifras, a priori frías, se traducen en una profunda degradación de ecosistemas y áreas naturales, la destrucción de patrimonio natural e histórico artístico, el desplazamiento de población, la merma de recursos económicos y la pérdida de vidas humanas.
A lo largo de 2017, más que nunca, nuestro principal patrimonio, la tierra que pisamos, sufrió las consecuencias de la convergencia de dos factores: la sequía provocada por la casi total ausencia de precipitaciones durante todo el año y la negligencia humana, causante del 95 por ciento de los incidentes, según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente español -Mapama-. El número de incendios registrados fue menor que el de años anteriores, aunque éstos fueron mucho más devastadores.
Prevención
El Gobierno de España acaba de dar a conocer el plan de actuación contra incendios para este año, en el que será más evidente la presencia y colaboración de las Fuerzas Armadas. Por su parte, la gravedad de los hechos registrados en Portugal en 2017 motivó a la Unión Europea a anunciar la puesta en marcha de una misión de prevención y preparación de incendios forestales que pase por estudiar el sistema de defensa y protección de los bosques, así como ejecutar una serie de medidas estructurales para reforzar este sistema.
La prevención luce como prioridad en la agenda de las administraciones públicas, si bien la concienciación social debe ser el primer pilar siempre para evitar nuevas tragedias. ¡Por un verano sin incendios!